El próximo 25 de junio, la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, por encargo de la Superintendencia de Quiebras, examinará los conocimientos de 72 profesionales que integran o quieran integrar la nómina nacional de síndicos.
Este examen, que abordará las áreas de finanzas, contabilidad y legislación concursal, fue implantado por la Ley 20.004 del año 2005, en el marco de diversas reformas al régimen jurídico del sistema de quiebras mediante las cuales el legislador pretendió incorporar altos estándares de transparencia, eficacia y calidad en el desempeño de estos profesionales.
Respecto de esto último, cobra relevancia para quienes intervienen como operadores o afectados en una quiebra el hecho de que quien desempeñe las tareas de liquidación de bienes y pago de créditos sea una profesional altamente calificado, competente y conciente, en todo momento, de la alta connotación de fe pública que conlleva su labor.
Un estudio reciente sobre “Percepción sobre el sistema de Quiebras”, muestra que las personas y organizaciones que se vinculan o son afectados por una quiebra, tienden a visualizarla como un proceso “engorroso” y en ocasiones, especialmente en el caso de los trabajadores de la empresa fallida, como “irregular y poco transparente”. Lo anterior, lleva aparejada una percepción de indefensión y de incertidumbre respecto de cómo y cuándo concluye todo.
Por ello, que el sistema hoy tienda a la mayor calidad de sus operadores principales, como lo son los síndicos, en cuanto a sus conocimientos técnicos y académicos, constituye un claro camino que, no obstante, hay que seguir desarrollando y profundizando.
Del mismo modo, la Superintendencia de Quiebras como ente supervisor de la labor de los síndicos y administradores de la continuidad del giro, ha iniciado durante este año, y en consonancia con los planteamientos del Ministro de Justicia tendientes a mejorar la gestión pública del sector, un proceso interno con el propósito de implantar sistemas de calidad validados por normas internacionales en sus propios procesos de trabajo vinculados a su negocio institucional.
Este examen, que abordará las áreas de finanzas, contabilidad y legislación concursal, fue implantado por la Ley 20.004 del año 2005, en el marco de diversas reformas al régimen jurídico del sistema de quiebras mediante las cuales el legislador pretendió incorporar altos estándares de transparencia, eficacia y calidad en el desempeño de estos profesionales.
Respecto de esto último, cobra relevancia para quienes intervienen como operadores o afectados en una quiebra el hecho de que quien desempeñe las tareas de liquidación de bienes y pago de créditos sea una profesional altamente calificado, competente y conciente, en todo momento, de la alta connotación de fe pública que conlleva su labor.
Un estudio reciente sobre “Percepción sobre el sistema de Quiebras”, muestra que las personas y organizaciones que se vinculan o son afectados por una quiebra, tienden a visualizarla como un proceso “engorroso” y en ocasiones, especialmente en el caso de los trabajadores de la empresa fallida, como “irregular y poco transparente”. Lo anterior, lleva aparejada una percepción de indefensión y de incertidumbre respecto de cómo y cuándo concluye todo.
Por ello, que el sistema hoy tienda a la mayor calidad de sus operadores principales, como lo son los síndicos, en cuanto a sus conocimientos técnicos y académicos, constituye un claro camino que, no obstante, hay que seguir desarrollando y profundizando.
Del mismo modo, la Superintendencia de Quiebras como ente supervisor de la labor de los síndicos y administradores de la continuidad del giro, ha iniciado durante este año, y en consonancia con los planteamientos del Ministro de Justicia tendientes a mejorar la gestión pública del sector, un proceso interno con el propósito de implantar sistemas de calidad validados por normas internacionales en sus propios procesos de trabajo vinculados a su negocio institucional.
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